MEMORIA TRANS: Justicia a Crímenes de Odio y Legalización a la Identidad de Género
MEMORIA TRANS: DIKÉ+ exige justicia a los asesinatos y crímenes de odio a personas LGBT+. Urge la reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural; y la aprobación a una Ley de Identidad de Género.
Por: Alessia Genovés
La aprobación de una Ley de Identidad de Género, la reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) y la judicialización de homicidios y de crímenes de odio a personas LGBT son demandas reiteradas que la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género exige al Gobierno de El Salvador. Los homicidios a personas LGBT han decrecido en un 70% en la última quincena; y el Órgano Judicial ha condenado siete asesinatos; pero la deuda judicial sigue siendo alta.
Cerca de 600 personas han sido víctimas de homicidio y de Crímenes de Odio, durante las últimas tres décadas. El dato lo comparten organizaciones sociales pertenecientes a la Mesa, y ha sido constante hasta el cierre del año fiscal 2022. Pero sólo desde el año 2017 al presente, DIKÉ+ ha identificado al menos 69 asesinatos en perjuicio de mujeres y hombres trans y de personas homosexuales.
Deuda por la Identidad de Género
Han transcurrido más de 14 años desde que organizaciones LGBT han diseñado la propuesta por una Ley de Identidad de Género, como propuesta a la cobertura de los derechos humanos, civiles y políticos para las personas transgénero y transexuales. La Mesa llegó a tramitar la propuesta a la Asamblea Legislativa. No obstante, el trámite de las propuestas ha sido frustradas hasta fecha. De hecho, desde el año 2009, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el primero en suscribir la moción de las agrupaciones, propuso una reforma al Código Civil para limitar el derecho al matrimonio civil para “hombres y mujeres así nacidos”.
El trámite de la propuesta ha tenido vaivenes. Desde luego, la propuesta de ley del PDC fue desestimada en 2009. Lo importante de dicho anteproyecto normativo es que reconocía la naturaleza social de las personas LGBT en El Salvador, pero limitaba su garantía de acceso al derecho al matrimonio civil. Por otra parte, las propuestas por una Ley de Identidad de Género tienen registro constante en el archivo legislativo, mismo que testifica que sólo el partido FMLN ha tenido una afinidad constante a por dar moción a la misma. Las últimas propuestas han certificado su firma infrascrita en los anteproyectos del 22 de marzo de 2018 y del 20 de agosto del año 2021, a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. En ésta última participó la firma de la diputada suplente de Jhonny Wright, Linda Funes, de Nuestro Tiempo.
La primera propuesta fue la única en llegar a discusión en la Comisión, hasta junio de 2021. La misma no se concretó, debido a que el período de vigencia de la entonces aritmética legislativa expiró, en la fecha del 23 de marzo del año 2021. Sin embargo, una nueva aritmética legislativa asumió el 1 de mayo de 2023; y en las primeras sesiones de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, la propuesta que había avanzado a la discusión por el Pleno se agotó el 14 de mayo de 2021. Fue enviada a archivo, en conjunto a otras 30 iniciativas, al considerarlas “obsoletas y no apegadas a la realidad nacional”. Desde luego que la Mesa fue insistente en agosto de ese año; pero la propuesta, en la actualidad, no ha tenido trámite.
Por otra parte, la propuesta por una Ley de Identidad de Género ha sido reforzada en el Órgano Judicial. Un importante precedente lo emitió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el expediente 33-2016/195-2016, que ordena a la Asamblea Legislativa el reformar la LNPN, al declarar que existe una “inconstitucionalidad por omisión parcial del artículo 23 inciso 2”, en razón de que “la falta de regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género constituye un trato discriminatorio no justificado”:
La actual LNPN tiene más de 32 años de vigencia. Las condiciones actuales, que han impedido a las personas trans un cambio de nombre, han declarado ser “lesivas a la dignidad humana”, al afectar la identidad, nombre y personalidad jurídica de la persona. Ello implica, según la Sala, que las personas trans no puedan “vivir como quieran”, y exponerse a “situaciones de humillación”; circunstancias que serían contrarias a los artículos 1 y 10 de la Constitución de la República, que reconocen a la persona humana, su seguridad jurídica, bien común, identidad; así com la negación por autorizar la pérdida de la libertad y dignidad personal.
La demanda por la legalización de ambas propuestas sigue vigente. No obstante, la Asamblea Legislativa no ha dado trámite ni discusión a ninguna de ellas. En consecuencia, el 17 de mayo del año presente, DIKÉ+, en conjunto con las organizaciones de la Mesa, han exigido a la Sala de lo Constitucional dar respuesta a la mora judicial -de más de un año y nueve meses-, al considerar que expiró el período que la misma Sala estableció para que se adecuara a LNPN. A juicio de las organizaciones, la mora judicial implica un desacato a la orden de la instancia superior.
Deuda por los asesinatos y Crímenes de Odio
A la fecha, el Órgano Judicial ha condenado siete homicidios a personas LGBT. Entre las víctimas beneficiadas, DIKÉ+ identifica a una persona homosexual y seis personas transexuales. No obstante, las resoluciones apenas han identificado el asesinato de dos mujeres trans: Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez. El resto de los procesos judiciales han sido procesados como homicidios agravados, pero no bajo la agravante que define los hechos como crímenes de odio en el artículo 129, numeral 11 del Código Penal.
El Crimen de Odio, así calificado por el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca el 20 de febrero de 2021, estableció sanciones de 60 años de prisión en contra los operarios de la Mara Salvatrucha (MS-13), Aníbal Alfredo Melara (Spririt) y Carlos Antonio Molina (Coyote); así como una condena mayor para Edwin Geovanni Méndez (Cangrejo) de hasta 66 años de prisión. El delito consumado tuvo lugar el 19 de septiembre de 2017, en San Luis Talpa, donde los autores intelectuales y materiales planificaron y ejecutaron la muerte de las víctimas, siendo embestidas por un vehículo negro polarizado, y acribilladas por armas de fuego. Esta condición se reafirmó, luego de que la CSJ resolviera no ha lugar a las apelaciones de los denunciantes, en septiembre de 2022, de acuerdo con la sentencia “434C2022”.
Sin embargo, un precedente más contundente lo dio el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, en la resolución de la sentencia 46Z-1B3-19. Una mujer trans, identificada con la clave MAHC, fue asesinada por pandilleros el 8 de junio de 2014, delito consumado que dejó visible, tres días después del acto, el cuerpo de la víctima “decapitado y desmembrado (…), dividido en siete partes”, en un terreno baldío del municipio de San Juan Nonualco, La Paz. Sin embargo, uno de los responsables fue sancionado a 13 años de prisión.
Y una sentencia apenas posterior la emitió el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el 20 de julio de 2020, que declaró como responsables del “homicidio agravado”, en contra de la mujer trans Camila Díaz Córdova, a tres exagentes del servicio de emergencias 911 de la Policía Nacional Civil, con condenas de 20 años de prisión. Sus nombres responden a los de Valentín Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar. En lo sucesivo, el órgano judicial también ha procesado otros cuatro homicidios punibles, llevando a prisión a otros ocho sujetos; de los cuales al menos uno se presumía como la pareja sentimental de la víctima Alexandra Landaverde, José Elías Morales Hernández según lo señaló el Tribunal Segundo de Sentencia.
El asesinato de Alexandra Landaverde fue el octavo y el último registrado por DIKÉ+, al cierre del año fiscal 2021. A partir de esa fecha, el comportamiento de los asesinatos registrados ha variado notablemente. Eso es así ya que, en ese período, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) enumeró al menos 1,147 homicidios al cierre del año fiscal; una cifra que deduce una contracción del 14% respecto a los 1,341 homicidios de 2020; y el 52% respecto a los 2,390 homicidios del año 2019.
El total es igual al del año 2020, pero con proporciones distintas; ya que la organización identificaría a 3 de las víctimas como mujeres trans; y a otras 5 de ellas como hombres gays. Pero el año 2019, sin embargo, reportaría una mayor cantidad de muertes, en comparación a los años sucesivos; con un registro de al menos 9 víctimas. Asesinadas fueron, por tanto, 7 mujeres trans, más otros 2 hombres gays. Sin embargo, éste registro contrasta con el de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), que llegó a cuantificar al menos 12 homicidios.
Entretanto, otros registros complementarios los ha rendido la prensa nacional, con al menos 16 homicidios contra personas LGBT en el año 2018; y el de otras 26 personas LGBT en el año 2017; años en los que las cifras generales de homicidios intencionados habrían cerrado en los 3,962 y 5,276 respectivamente. Para el año 2022, los registros de la prensa al menos evidenciaron un homicidio a una persona trans, sin expresión de género. En paralelo, la cifra general de homicidios intencionado se cuantificaba en al menos 495; lo que deduce una reducción del 79% de los casos, respecto a los del año 2019. Mientras que, durante los 2 meses transcurridos del año 2023, el reporte de homicidios LGBT es nulo.